EL BENEFICIARIO CONTROLADOR: REPERCUSIONES FISCALES Y DE LAVADO DE DINERO PARA 2026

La figura del beneficiario controlador consiste en la persona física que, en última instancia, realmente usa, goza, disfruta, aprovecha, dispone y recibe los rendimientos, frutos, utilidades o activos fijos de las empresas; y, tanto para efectos fiscales como en materia de lavado de dinero, siempre ha existido la necesidad por parte de las autoridades de identificarla.

En México, corresponde a las propias empresas informar a las autoridades si conocen de la existencia de una persona física que se encuentre detrás de ellas, sin figurar en su estructura accionaria, pero que realmente sea quien se beneficia de sus operaciones y de la generación de utilidades.

Esta obligación no es un acto de molestia por parte del SAT y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), aunque así pudiera parecer, sino que responde a un mandato internacional derivado de organismos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que obligan a sus países miembros a implementar las medidas necesarias para combatir los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

México ha trabajado de manera paulatina, consistente y firme en obligar a las propias empresas a informar sobre la existencia de un beneficiario controlador, a fin de evitar que existan terceros que se aprovechen ilegalmente de sus actividades, a quienes comúnmente se les conoce como “prestanombres”, “hombres de paja” o “testaferros”.

Para ello, la autoridad ha definido procedimientos contenidos en el CFF, la RMF y la LFPIORPI, con el fin de evitar que se utilicen personas morales con la única finalidad de realizar operaciones ilegales que generen un beneficio ficticio a personas que aparentemente figuran como propietarias de estas, pero cuyos beneficios realmente son recibidos por terceros que controlan sus operaciones tras bambalinas.

Es indispensable precisar que la única manera de llegar a ese beneficiario controlador es a través de una verdadera investigación al interior de las personas morales, que permita generar certeza y convicción de que no existen prestanombres; que los socios que aparecen en sus actas son quienes realmente reciben los beneficios de sus actividades; y que no hay terceros detrás de ellas beneficiándose de sus operaciones. Si se sigue pensando que basta con presentar a la autoridad las actas constitutivas y sus modificaciones, o que con un checklist de datos es suficiente para demostrar quiénes son los beneficiarios controladores de las empresas, necesariamente se estará incurriendo en un error que puede resultar garrafal.

Es por ello que resulta indispensable elaborar un resumen de lo que les espera a los contribuyentes en 2026 en materia de beneficiario controlador; es decir, de aquello a lo que deben poner atención en relación con esta figura, si desean evitar complicaciones en materia de defraudación fiscal y lavado de dinero.

A saber:

• A partir de julio de 2024, con la reforma a la LFPIORPI, la definición de beneficiario controlador contenida en esa ley y en el CFF es prácticamente la misma, lo que significa que la autoridad ha evolucionado en su interpretación y ya entendió que, en esencia, se habla de la misma persona, sin importar el ámbito de que se trate: es quien realmente se beneficia de las operaciones de las personas morales.

• Aunque no se sea cliente o usuario de actividades vulnerables, se deberá identificar al beneficiario controlador de las personas morales, lo cual incluso puede considerarse una ampliación de su ámbito de aplicación.

• Se crea un Capítulo IV Bis en la LFPIORPI, específicamente para regular la figura del beneficiario controlador respecto de quienes realicen actividades vulnerables.

• En la LFPIORPI se obliga a las personas morales a registrar a sus beneficiarios controladores en el aplicativo de la Secretaría de Economía. No existe multa por no informar los movimientos corporativos en dicho aplicativo; sin embargo, en materia de lavado de dinero sí existirán sanciones.

• Las multas por no identificar al beneficiario controlador para efectos fiscales son realmente considerables.

• La regla 2.1.36 prevé la emisión de una opinión de cumplimiento negativa si existen problemas de cumplimiento en la identificación del beneficiario controlador. Como se dijo en el punto anterior, las multas son tan elevadas que, quien tenga un problema de este tipo, probablemente tendrá preocupaciones más graves que la propia opinión de cumplimiento.

• Las reglas 2.14.8 y 2.14.15, en materia de reducción de multas, ya incluyen la figura del beneficiario controlador.

• El transitorio noveno de la RMF para 2026 aclara que, mientras el aplicativo de la opinión de cumplimiento no se actualice con la figura del beneficiario controlador, esta se seguirá emitiendo en las condiciones que ya conocemos.

Como puede apreciarse, las autoridades mexicanas tienen claro lo que significa la existencia de un beneficiario controlador en las empresas, así como sus usos, implicaciones y repercusiones; para ello, han delineado una serie de obligaciones y procedimientos orientados a evitar su uso indiscriminado e indebido. Corresponde a asesores y empresarios conocer e identificar lo mismo que la autoridad ya conoce, a fin de implementar las medidas de control y cumplimiento necesarias para evitar cualquier tipo de sanción.

La autoridad ya sabe que el beneficiario controlador es el mismo tanto para efectos fiscales como en materia de lavado de dinero. Si los contribuyentes insisten en malinterpretar este elemento, podrían enfrentar consecuencias severas derivadas de esa confusión.